demandar al estado de chile

La proposición de negar a los funcionarios públicos la facultad de demandar al Estado contribuiría a acrecentar la enorme discrecionalidad que éste ya posee y que se manifiesta en instituciones que niegan a los chilenos un debido proceso.

Desde una perspectiva constitucional, es inadmisible que se le pueda negar a persona alguna el derecho a recurrir a los tribunales de justicia en busca de protección por acciones del Estado que se estiman arbitrarias o ilegales. Sin embargo, esto es precisamente lo que buena parte de la clase política está proponiendo, al negarle al presidente del directorio de una empresa autónoma del Estado que demande a éste en su calidad de director de una empresa privada. Si bien es cierto que los ataques más vitriólicos provienen de sectores anteriormente afectados por el escándalo de las indemnizaciones, no lo es menos que es este un tema que merece ser analizado con mayor detenimiento.

En rigor, el Estado es de todos los chilenos y, a partir de esta premisa y llevando el pensamiento al límite, podría concluirse que ningún chileno puede demandar al Estado sin caer en la contradicción de demandarse a sí mismo. Sin embargo, esta reducción al absurdo permite vislumbrar que, por el contrario, demandarlo es un derecho que asiste a todo ciudadano, ya que, de otro modo, el Estado gozaría de plena impunidad legal para cometer todo tipo de arbitrariedades y atropellar los derechos constitucionalmente garantizados. Asimismo, la proposición de negar a los funcionarios públicos la facultad de demandar al Estado contribuiría a acrecentar la enorme discrecionalidad que éste ya posee y que se manifiesta en instituciones que niegan a los chilenos un debido proceso, como aquellos que se ventilan en el Servicio de Impuestos Internos, en los cuales éste es juez y parte.

demandar al estado

Quienes creen en la necesidad de limitar el poder del Estado para asegurar la preservación de las libertades ciudadanas, deben reconocer que es difícil diseñar mecanismos que efectivamente pongan atajo a las aspiraciones de poder ilimitado que todo Estado contiene en potencia y que, últimamente, encuentran sus raíces en la propia naturaleza humana. La receta clásica es dividir los poderes del Estado en tres -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, con el propósito de que cada uno de ellos defienda su porción de poder ante los eventuales avances hegemónicos de cualquiera de los otros dos. Más que confiar en disposiciones constitucionales, esta fórmula pone al servicio de las libertades las ambiciones propias de nuestra naturaleza, entendiéndolas como la barrera más efectiva para prevenir el advenimiento de la tiranía, que no es otra cosa que la concentración de todos los poderes en una sola mano.

La tradición constitucional chilena ha reconocido formalmente el principio de la división de poderes, pero siempre ha privilegiado al Ejecutivo en desmedro de la necesaria independencia de los otros y, particularmente, del Poder Judicial, que emerge históricamente más bien como una dependencia administrativa de aquél. Sin embargo, la existencia de un Poder Judicial que goce de real autonomía y al cual puedan apelar todos los chilenos sin distinción es fundamental como instancia de protección de los derechos de los individuos, juridicas o naturales, frente a acciones del mismo Estado que se consideran reñidas con las garantías constitucionales.

En el caso particular que agita a la opinión pública, se reconoce que no existe ilegalidad alguna, pero se señala la eventualidad de que pudieran darse incompatibilidades sobrevinientes, es decir, situaciones que presentaran un conflicto efectivo de intereses. Sin embargo, nadie está obligado a actuar en función de casos hipotéticos y, en el mismo plano meramente especulativo, habría que precisar que las eventualidades deben enfrentarse según sus propios méritos y a su debido tiempo.

A la luz de estas consideraciones, no es posible ni conveniente tratar de derivar la conclusión de que es incompatible servir al Estado y a la empresa privada al mismo tiempo, porque el Estado tendría que prescindir de talentos disponibles y carecería de barreras que pudieran contener la tentación totalitaria.

 

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